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Resumo

La constitucionalización del Derecho de Familia ha transformado la protección jurídica de las uniones de hecho en diversos ordenamientos latinoamericanos, impulsando el reconocimiento progresivo de los derechos patrimoniales de quienes conforman este modelo familiar. En la República Dominicana, la incorporación constitucional de la unión de hecho como forma legítima de organización familiar ha generado una evolución jurisprudencial orientada a garantizar la igualdad material entre los convivientes y la tutela efectiva de los derechos derivados de la convivencia estable. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia de la constitucionalización de la unión de hecho en la protección de los derechos patrimoniales de los convivientes mediante el examen de la jurisprudencia emitida en el Distrito Judicial de Valverde durante el período 2020–2023. Se desarrolló una investigación jurídica de enfoque cualitativo, sustentada en un diseño documental y de análisis jurisprudencial. La unidad de análisis estuvo integrada por decisiones del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Valverde, seleccionadas mediante criterios de inclusión previamente definidos. El análisis se estructuró en categorías relacionadas con el reconocimiento constitucional de la unión de hecho, los presupuestos jurídicos para su acreditación, la protección patrimonial derivada de la convivencia y la aplicación de los precedentes constitucionales en la jurisdicción ordinaria. Los resultados evidencian una consolidación progresiva de la doctrina constitucional sobre la unión de hecho, caracterizada por la aplicación del principio de igualdad, la protección de la familia como institución constitucional y el reconocimiento de derechos patrimoniales cuando se verifican los presupuestos establecidos por la Constitución y la jurisprudencia nacional. Se concluye que la constitucionalización de la unión de hecho ha fortalecido la seguridad jurídica de los convivientes y ha contribuido a uniformar los criterios judiciales en materia patrimonial, aunque persisten desafíos normativos derivados de la ausencia de una legislación especial que regule integralmente esta institución.